La política económica española apostó por el circuito secundario de acumulación y por la financiarización como principales mecanismos de crecimiento desde mediados de los ochenta, en consonancia con un estado avanzado del llamado capitalismo postfordista. Esto consolidó un sistema económico en el que la ciudad y el mercado inmobiliario se convirtieron en los principales medios de generación de beneficios (López y Rodríguez, 2010). Desde finales de los años noventa y hasta la crisis de 2008, la titularización de los préstamos en mercados secundarios (Fernández y Aalbers, 2016) acentuó aún más esta estrategia económica, ocasionándose un elevado aumento de los precios de las viviendas y un alto nivel de endeudamiento privado en un contexto de facilitación del acceso a la propiedad.

El estallido de la gigantesca burbuja inmobiliaria en 2008 desencadenó una poderosa corriente descendente en la economía, que asestó un duro golpe a la riqueza de las familias. La economía urbana y el mercado inmobiliario sufrieron un brusco parón al mismo tiempo que muchas familias tenían serios problemas para pagar sus hipotecas y rentas de alquiler, aumentando las ejecuciones hipotecarias y los juicios verbales por impago de rentas.

Este proceso de desposesión, que alcanzó cifras muy elevadas al menos hasta 2015, se dio en un contexto en el que no se adoptaron medidas específicas de calado para paliarlo y en el que las políticas económicas fueron especialmente restrictivas, orientadas al control del déficit público y al rescate de las entidades financieras que habían acumulado un importante número de activos tóxicos (FROB, SAREB).
La recuperación económica en aquellos años se abordó a través de la internacionalización de la economía, lo que conllevó precarización laboral en pos de una mayor competitividad de las exportaciones y de los servicios turísticos, y el inicio de una política de atracción de fondos y compradores internacionales que permitiera que las entidades financieras pudieran desprenderse de los activos tóxicos que el mercado interior no podía absorber. En este contexto se entiende el incremento de los beneficios fiscales y la disminución de las barreras burocráticas para los inversores exteriores, la posibilidad de obtener visado por la compra de inmuebles o el impulso de las SOCIMIS en el mercado del alquiler (Abellán, 2015).

La situación mejoró desde el punto de vista de la macroeconómico y, en 2018, el producto interior bruto alcanzó un valor similar a que se había registrado antes de la crisis económica iniciada una década antes. En contrapartida, se produjo una devaluación salarial generalizada, un claro proceso de precarización laboral y un incremento de la pobreza urbana.

Esta situación se dio al mismo tiempo que el crecimiento del precio de la vivienda y de las rentas de alquiler se situaban muy por encima del que registraba la renta per cápita, especialmente en las grandes ciudades y en las áreas litorales e insulares. Entre las dinámicas y los procesos que caracterizaron estos últimos años y que explicaron el aumento de la inseguridad residencial destacamos: el desarrollo de la vivienda vacacional comercializada a través de plataformas peer-to-peer (P2P) en el contexto de la supuesta nueva economía colaborativa, los cambios en la estructura de la propiedad con un aumento considerable del stock de vivienda en manos de SOCIMIS, fondos de inversión y grandes inversores internacionales; el escaso desarrollo de políticas de vivienda que facilitasen el acceso a la propiedad o que generasen un stock de vivienda pública en alquiler lo suficientemente grande como para que tuviera una incidencia en el mercado; la reforma del mercado del alquiler en 2013 que permitió que los propietarios pudieran incrementar las rentas recibidas y, por último, el desarrollo de la demanda internacional de vivienda y de colectivos específicos relacionados con nuevas dinámicas de movilidad internacional (nómadas digitales, expatriados).

Como consecuencia de lo mencionado, se han venido desarrollado distintos procesos urbanos desde mediados de la década previa que caracterizan las dinámicas urbanas más recientes. Como ejemplo de ello cabe mencionar: a) la turistificación de los usos residenciales y comerciales en determinadas zonas urbanas, b) la generalización de los lanzamientos por el impago de rentas; c) el incremento de formas habitacionales más precarias como el uso compartido de viviendas por varias unidades familiares o el crecimiento de fórmulas infrahabitacionales; d) la puesta en marcha de procesos de desplazamiento o gentrificación según niveles de cualificación o renta; e) el incremento de la vivienda de uso secundario asociada a un aumento en la presencia de extranjeros de elevado poder adquisitivo; e) el aumento de los procesos de segregación residencial por nacionalidad y renta o f) la pérdida de vida comunitaria y de sentimientos identitarios en muchos barrios de la ciudad.

Todo ello, en definitiva, está implicando un menoscabo del derecho a la vivienda y a la ciudad para una parte cada vez más amplia de la población, un aumento de la vulnerabilidad urbana y una modificación en la lógica territorial del espacio urbano, con estructuras más fragmentadas y cada vez más dependientes de dinámicas internacionales y globalizadas. En estos últimos años de supuesta bonanza se ha intensificado el desarrollo geográfico desigual en los espacios urbanos, con mayor número de áreas precarizadas frente a otras elitizadas y, por tanto, con nuevos conflictos emergentes (Harvey, 2012).

En este panorama de crecimiento económico y de las desigualdades urbanas, el país se ha visto sumido en una situación de pandemia desde marzo de 2020. La situación de severo confinamiento que se vivió hasta junio de ese año y las medidas de control que le han seguido han generado un escenario caracterizado por el hundimiento de la actividad económica, el aumento del desempleo y de los expedientes temporales de regulación del mismo y por serias restricciones a la movilidad. En ese contexto, las dificultades económicas de la población y, en particular, para el pago de los alquileres y las hipotecas se han visto agravadas. Al mismo tiempo, algunos de los procesos que se venían registrando, como el incremento de la vivienda vacacional o de uso turístico en las ciudades se ha frenado bruscamente, al mismo tiempo que se iniciaban tímidos procesos de vuelta al alquiler residencial.

La respuesta institucional a la situación de crisis que ha generado la pandemia ha sido muy diferente a la que se dio en la crisis de 2008. En esta ocasión, la actuación política se ha caracterizado por la puesta en marcha de medidas sociales paliativas, entre las que se incluye la generalización de los expedientes de regulación temporal de empleo y la suspensión de lanzamientos y procesos de embargo. A ello se sumará la puesta en marcha de una política económica expansiva anticíclica que se materializará previsiblemente a partir de 2022 con la llegada de los fondos europeos Next Generation y la consolidación de un escenario más intervenido en el que se pretende activar el mercado de la vivienda vacía, penalizar fiscalmente la vivienda secundaria y ordenar la vivienda vacacional, aspectos que recogen una tendencia regulatoria que se inició con la Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler y en la continua consideración de las implicaciones ambientales del actual modelo productivo.

Si bien hay indicios de que la pandemia sanitaria ha agravado la situación de desigualdad social, ya que ha impactado especialmente en la población más vulnerable, no lo está tanto si tras ella se activará un escenario económico expansivo que permitirá una disminución real de la misma. No sabemos tampoco hasta cuando se mantendrán medidas paliativas como la moratoria en los desahucios y embargos, o la repercusión real que tendrá la actual tendencia a una mayor regulación y control de la vivienda, como parece apuntar la nueva ley de vivienda.
En este nuevo contexto socioeconómico de incremento de la desigualdad y de incertidumbre sobre el efecto de las nuevas políticas económicas y sociales planteamos este proyecto de investigación, centrado en reconocer y monitorizar las dinámicas que se van a producir en los próximos años en tres ciudades urbano-turísticas (Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Palma), representativas de la situación actual en la medida en que han sido fuertemente impactadas por la crisis económica. En las tres ciudades se reconocen los procesos urbanos y las dinámicas de fragmentación urbana que se han mencionado a pesar de tener una jerarquía diferente en el sistema urbano español, por lo que a partir del estudio comparado de sus dinámicas se puede caracterizar las tendencias predominantes del sistema.